¡SIN MIEDO! Los abuelitos también toman las calles (FOTOS)


Un kilómetro caminaron este lunes los jubilados y pensionados desde la Plaza de la Moneda, en la esquina de Salas, detrás de la sede del Banco Central de Venezuela, hasta el Centro Financiero Latino, en la avenida Urdaneta, donde funciona uno de los despachos de la Defensoría del Pueblo.

El motivo: solicitar la mediación del defensor encargado, Alfredo Ruiz, para agilizar la cancelación de los cestaticket de alimentación que la administración del Ministerio de Salud, a cargo de Antonieta Caporale, aprobó el 20 de enero. Los manifestantes alegaron que actual ministro, Luis López, se empeña en negar este beneficio.

En la marcha, los adultos mayores también exigieron homologación de pensiones y respeto a sus derechos laborales, a propósito de celebrarse el día del jubilado y pensionado. Mauro Zambrano, delegado del Sindicato de Hospitales y Clínicas, aseguró que los jubilados y pensionados han sido afectados porque debido a la deuda los trabajadores pierden 70 % de su ingreso y, por consiguiente, se ven impedidos de cubrir sus necesidades básicas de salud y alimentación.

La misma angustia de Gómez es compartida por Carlos Julio Rivera, de 64 años, quien especificó que es la octava vez que acude a la Defensoría del Pueblo a exigir respeto por sus derechos laborales. Indica que en las oportunidades anteriores, el anterior defensor –Tarek William Saab– había afirmado que el reclamo de los trabajadores de la salud no era su competencia.

Rivera expresa que su salario es una “limosna”. “Esos aumentos que nos dan son una migajas que no alcanzan para nada, y el presidente de la República sabe que todo incremento de salario debe hacerse considerando el costo actual de la canasta alimentaria, que supera actualmente el millón de bolívares”, indicó.

Los pensionados y jubilados rechazaron la discriminación que, a juicio de ellos, tiene la administración pública con el sector salud, pues denuncian que a otros empleados de instituciones del Estado, como los del Tribunal Supremo de Justicia y el Banco Central de Venezuela, sí les honran sus compromisos labores. “Hasta el mismo TSJ aprobó un bono de alimentación y medicinas y el presidente no lo ha avalado. Nosotros no tenemos calidad vida”, refutó Gómez.

Los trabajadores también aprovecharon la oportunidad para manifestar su desacuerdo con el hecho de cobrar la pensión fraccionada debido a la ausencia de efectivo en los cajeros automáticos. “Tengo que ir cuatro veces a sacar dinero para medio comer”, denunció María Nieves, de 85 años.