¡ENTÉRATE! La verdad detrás del preso político Victor Ugas (DETALLES)


Yris Azócar, madre del preso político Victor Ugas, denunció a tres años de su detención que mantienen injustamente a su hijo en los calabozos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide (Caracas), a pesar de contar con dos boletas de excarcelación y presentar problemas de salud.

En una entrevista para Caraota Digital, Azócar precisó que el Juzgado Octavo del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas emitió la segunda boleta de excarcelación, el pasado 18 de abril del presente año, por declarar “la extinción de la responsabilidad penal por cumplimiento de la condena”.

Sin embargo, funcionarios del Sebin lo mantienen en la actualidad recluido, sin especificar los motivos: “Ellos no me dan razones, solo dicen que están cumpliendo órdenes de arriba”, puntualizó.

Resaltó que no es la primera vez que esto ocurre, ya que Ugas tiene orden de liberación desde hace dos años, cuando fue emitida la primera boleta de excarcelación, con fecha de 08 de julio de 2015.

El 6 de julio del presente año, su hijo fue operado de emergencia por una apendicitis. Afirmó que por la tardanza en su traslado a un centro médico, se complicó su estado de salud.

A consecuencia de ello permaneció hospitalizado durante 38 días porque presentó problemas de hipertensión arterial. También tuvo complicaciones por una infección que contrajo en El Helicoide.

Aseguró que se ha dirigido a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (MP) pero no le han dado ningún tipo de respuestas, por lo que decidió exponer el caso a través de una campaña en redes sociales con el uso de la etiqueta #LibertadParaVíctor

Agregó que no ha visto a su hijo desde el 23 de agosto, cuando pudo visitarlo en el referido centro de reclusión. Subrayó que por ser una familia con residencia en la ciudad de Carúpano (Sucre) y por dificultades económicas, les resulta complicado visitarlo con regularidad.

Ugas fue detenido el 11 de octubre de 2014 (sin orden de captura), acusado de publicar a través de su cuenta Twitter la foto del cadáver de Robert Serra, diputado de la Asamblea Nacional asesinado ese mismo año.

El Ministerio Público le imputó los delitos de revelación indebida de data o información de carácter personal y espionaje informático, este último contemplado en la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, pero no se ha podido comprobar que el joven haya violado algún sistema para obtener la fotografía.