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¡MEGA BOMBAZO! Intentan involucrar a Luisa Ortega Díaz con el tráfico de drogas



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Desde que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha hecho públicas sus críticas al régimen han llovido señalamientos de los oficialistas contra la funcionaria.

Un reportaje del portal chavista La Tabla revela que una de las accionistas de la compañia Delta Sierra 2012, que se atribuye la propiedad del avión King Air 300 (que denuncian es usado por la fiscal), aparece identificada con la cédula de un “reputado” piloto del narcotráfico en el expediente instruido inicialmente por el Tribunal Primero de Juicio de Miranda con motivo del intento de hurto del que fue objeto en septiembre de 2013 en el aeropuerto Oscar Machado Zuloaga de Charallave, en los Valles del Tuy.

Se trata de Rubymar Stella González Acosta, quien está identificada con la cédula V-4.103.150, que corresponde al piloto Carmelo Antonio Vásquez Guerra, involucrado en el envío de casi 6 toneladas de cocaína en un avión DC-9, que fueron decomisadas en México en abril de 2006. El verdadero documento de identidad de la mujer, actualmente de 40 años de edad, es V-13.285.643, reseña La Tabla.

Al menos cuatro fiscales, que a lo largo de casi cinco años dirigieron la investigación e impulsaron el proceso, no se percataron de la anomaĺía. Lo mismo ocurrió con los distintos magistrados, del Tribunal de Juicio y de la sala 3 de la Corte de Apelaciones, que tomaron decisiones tanto referidas al proceso penal contra al menos ocho imputados por el hurto frustrado como sobre el destino del avión.

Nadie se dió cuenta del “error” de identificación cuyo origen se atribuye, hasta ahora, al documento constitutivo de la firma inscrita el 6 de diciembre de 2012 en el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y donde figuran como socios la señora González Acosta y el ingeniero Jorge Seputis, vicepresidente de tesorería del banco Banplus.

El escándalo sobre el uso del avión estalló el pasado lunes 5 de junio cuando el periodista Eligio Rojas, especializado en información judicial, publicó un detallado reportaje sobre la reiterada resistencia del Ministerio Público a devolver el equipo aeronaútico que le había sido entregado bajo la figura de administración especial, prevista en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En la nota de Rojas destaca que “desde hace tres años es el avión de uso particular de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, según fuentes del propio Ministerio Público”, y detalla las actuaciones de la Fiscalía dirigidas a mantenerlo en su poder.








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