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¿QUIÉN LE CREE? Gobierno garantizó respeto a los DDHH de los venezolanos



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El gobierno de Venezuela declaró ante la plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, que en el país se garantiza el acceso a la justicia y la defensa gratuita a todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

La directora del despacho de Defensa Pública de Venezuela, Mariana Oliveros, declaró ante el organismo en representación de la defensora pública general, Susana Barreiros.

La jefa de la delegación afirmó: “Hemos generado las condiciones más favorables para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho humano para todos los ciudadanos que requieran el servicio, de manera gratuita dentro del ámbito de nuestras competencias, atendiendo a más de 2 millones de usuarios en las distintas áreas de la Defensa Pública entre 2013 y 2016”.

Sin embargo, Laura Louza, presidente de la organización Acceso a la Justicia, dijo que si bien la Constitución es reconocida por expertos en derechos humanos como muy progresista, una cosa es lo que dice y otra lo que es real en Venezuela. “En el Poder Judicial hay fallas en muchos aspectos, un tema fundamental como es la selección de los magistrados, u otros jueces, no se hace según la Constitución”.

Añadió que los antecedentes no apoyan las palabras de Oliveros y recordó que fue la misma ONU la que se pronunció contra la hoy defensora pública general, Susana Barreiros, por su actuación como jueza en el proceso contra Leopoldo López, en el que no admitió casi ninguna prueba de la defensa y aceptar todo lo presentado por la Fiscalía, y presidir el caso en el que uno de los fiscales Franklin

Nieves denunció que el juicio fue amañado.

También criticó la carencia de cifras fiables. “Las estadísticas pueden decir que atienden mucho público, pero los indicadores de resolución son pocos. Se desconocen los números de defensores, fiscales y jueces en Venezuela, algo común en los estándares internacionales”.

Louza concluyó: “Como se va a hablar de acceso a la justicia si los tribunales no funcionan, sobre todo en materia penal. Muchos de los imputados dejan, por una razón económica, al abogado privado por un defensor público. Pero los estudios muestran que la defensa pública es ineficiente”.

El Nacional








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