Roberto Briceño: “La democracia está siendo amenazada por el delito organizado”


“Se entiende que la democracia es una forma de vida y está siendo amenazada por el delito organizado, porque este impone la violencia, la fuerza, y no deja que los mercados funcionen de una manera natural, ni que las personas puedan ejercer sus derechos”, interpretó el presidente de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, al ser consultado sobre las conclusiones de la II Encuesta sobre el Delito Organizado en Venezuela, estudio presentado recientemente en Caracas.

“Las personas entienden que la democracia no es solamente un sistema electoral, sino que es además una forma de convivir en medio de la diferencia; la democracia es la vida social basada en acuerdos, en normas, en arreglos y no en la fuerza o la arbitrariedad, no en el ‘medalaganismo’ de los poderosos o de los gobernantes” afirmó Briceño.

El activista aseveró que un 90% de la población asume que hay “un gran riesgo para la democracia por culpa del delito organizado. Lo interesante es que en ese porcentaje entran todos los sectores políticos, todos los estratos sociales, que están opinando lo mismo”.

Alegó que inclusive un sector considerable de personas afectas al Gobierno, entiende que existe un problema derivado de la aplicación de políticas equivocadas, y que no podrá haber soluciones verdaderas si las mismas no son cambiadas por otras que unan a la sociedad y generen un tipo de relación social y económica distinta entre los venezolanos.

Las fuentes del delito

El sociólogo manifestó que las conclusiones del estudio abordan las causas del problema: “Las personas no le atribuyen el delito organizado ni a los paramilitares, ni a la guerrilla —como en varias oportunidades ha asegurado el presidente Maduro y demás políticos de oficialismo—, realmente se lo atribuyen a las bandas, a los ‘pranes’ desde las cárceles y a los colectivos armados”.

En torno a la polémica de los ‘bachaqueros’, que debido a su manifestación y dimensión actual podría ubicarse —en determinados niveles— dentro de la categoría de crimen organizado, Briceño arguyó que “las personas entienden que el problema no es solamente lo que hace un individuo que compra un producto y lo revende, entienden que detrás de esos procesos hay toda una forma de corrupción”.

El sociólogo declaró que en esa red “están involucrados funcionarios de seguridad y aquellos quienes controlan verdaderamente los procesos de distribución de los productos. Por lo tanto, es un error criminalizar al individuo pobre que de esa manera está tratando de obtener un poco más de ingresos y ver cómo lleva comida y dinero para su familia”. La guerra económica denunciada en las altas esferas del gobierno tiene semblante de necesidad y hambre.

Los estados de excepción

Tratando de contrarrestar las consecuencias de la actual crisis que atraviesa el país, el Gobierno procedió al cierre de las fronteras y al decreto de Estado de Excepción en los municipios fronterizos del occidente. Briceño catalogó tales medidas como creadoras de “una situación de mayor complejidad porque al final, quien la padece es el individuo que tiene menos ingresos”.

“Lo que uno encuentra en el estado Táchira es una situación de mayor pobreza y de mayor molestia en la población. Los problemas no se han resuelto. La escasez se mantiene. En los lugares donde no hay colas, no hay productos que comprar”, subrayó el docente universitario.

“Es muy sorprendente ver algunas de estas requisas a familias pobres que van en un autobús y les abren las maletas para revisarles ¿buscando qué? Una harina de maíz o dos litros de aceite, ¿es que acaso el problema del país está allí? El problema del país está en otra dimensión y este tipo de medidas lo que al final llevan es a criminalizar; se castiga y se abusa de los más pobres y de los más débiles de la sociedad, que son los que al final están padeciendo de todo este exceso y arbitrariedad” explicó Briceño.

Aunque el activista comentó que no necesariamente todos los funcionarios actúan de esta manera, durante el Estado de Excepción se crean las condiciones que facilitan que exista el abuso, ya que los funcionarios se sienten de alguna forma amparados con la supuesta “excepcionalidad” que conlleva este tipo de decreto.

Causas y no consecuencias

Briceño, al ser consultado sobre las políticas a ser propuestas que permitiesen corregir los efectos negativos, aseveró que “tendríamos que trabajar sobre las causas y no sobre las consecuencias”.

El estudio informa, según el sociólogo, que entre el 70% y 80% de los casos, los venezolanos de cualquier sector político —inclusive del que apoya al Gobierno—, entiende que el precio de la gasolina es lo ha facilitado el contrabando de extracción; que el control de la economía es lo que ha llevado a todos los delitos que están en el área económica, y que el control del mercado cambiario y el control del mercado de divisas es lo que ha facilitado la corrupción.

La propensión a la superficialidad que poseen los representantes y funcionarios del gobierno venezolano ante los problemas de índole nacional son solo una muestra más de la palpable ineficiencia, la cual ya no pasa desapercibida ante nadie. Es necesario buscar los métodos constitucionales para, citando a Roberto Briceño León, “intentar juntos construir una Venezuela, donde podamos tener diferencias, pero que al mismo tiempo podamos asumir que todos somos un mismo país”.

Con información de UnBombazo.com / Agencias